Las licencias cripto Malta están bajo la lupa de los reguladores europeos. En medio del proceso de implementación de la normativa MiCA, la isla mediterránea ha otorgado cinco autorizaciones, lo que la posiciona como uno de los países más activos, junto con Francia. Sin embargo, la rapidez con la que Malta concede estas licencias ha despertado dudas sobre si se está convirtiendo en la vía más fácil para acceder al mercado europeo.
La polémica comenzó tras un informe de la ESMA, que cuestionó la decisión del regulador maltés (MFSA) de otorgar una licencia MiCA sin garantizar que la empresa solicitante hubiera resuelto deficiencias clave. Aunque no se impusieron sanciones, la advertencia fue clara: no se deben flexibilizar los procesos solo para atraer compañías cripto.
Este fenómeno se conoce como arbitraje regulatorio. Las empresas buscan establecerse en países con procesos menos exigentes, como Malta, para luego beneficiarse del pasaporte europeo que otorga la licencia MiCA. Una vez aprobada, pueden operar en toda la Unión Europea, sin necesidad de pasar por nuevos procesos en otros países.
Mientras tanto, en países como España, la CNMV ha otorgado hasta diciembre de 2025 para completar las solicitudes. En contraste, otras jurisdicciones permiten plazos de solo seis o doce meses. La diferencia en los tiempos también influye en la percepción de ventaja competitiva.
Uno de los casos que más llamó la atención fue la autorización a OKX, pese a contar con antecedentes de sanciones. Según la normativa, estas condiciones deberían impedir la concesión. Aun así, la plataforma logró obtener el permiso de forma anticipada.
Malta se adelantó al marco europeo creando leyes propias para criptomonedas en 2018. Este enfoque le permitió atraer empresas desde entonces. Hoy, la atención está puesta en si ese posicionamiento inicial se ha traducido en procesos menos rigurosos, que podrían desequilibrar la competencia en toda la región.
Fuente: eleconomista
